Rumbos reunió a Juan Miguel Petit, Ana Juanche, Jaime Saavedra, Diego Sanjurjo y Andrés Supervielle para debatir sobre uno de los desafíos estructurales pendientes del país. El crecimiento de la población privada de libertad, la reincidencia, las condiciones de reclusión, las adicciones y la necesidad de fortalecer la rehabilitación estuvieron en el centro del intercambio.
La reforma penitenciaria no es solamente una discusión sobre lo que ocurre dentro de las cárceles. También atraviesa dos de los grandes desafíos que enfrenta Uruguay: la seguridad y la exclusión.
Desde esa perspectiva, Rumbos convocó la charla “Reforma penitenciaria. Urgencias y desafíos”, un encuentro que reunió distintas miradas y experiencias sobre un sistema que, pese a sucesivos intentos de transformación, continúa enfrentando problemas estructurales.
Participaron Juan Miguel Petit, Ana Juanche, Jaime Saavedra, Diego Sanjurjo y Andrés Supervielle, en un intercambio que puso sobre la mesa tanto la urgencia de actuar como la necesidad de construir una reforma capaz de sostenerse más allá de los períodos de gobierno.
Una reforma directamente vinculada con la seguridad
Diego Sanjurjo ubicó la situación penitenciaria dentro de un escenario regional marcado por el crecimiento de los mercados ilegales y del crimen organizado.
“Las cárceles o el sistema penitenciario abierto, cerrado y su reforma en Uruguay es la reforma para mí más importante y más urgente que tiene este país por delante”, sostuvo.
Sanjurjo planteó que Uruguay ha fortalecido durante años distintos componentes de su sistema de seguridad y justicia, pero que el sistema penitenciario continúa siendo uno de sus eslabones más débiles.
Advirtió además sobre lo ocurrido en otros países latinoamericanos, donde organizaciones criminales crecieron desde el interior de las propias cárceles. Cuando las necesidades básicas de las personas privadas de libertad no están cubiertas, explicó, pueden generarse mercados ilegales intracarcelarios que terminan fortaleciendo estructuras criminales dentro y fuera de los establecimientos.
Desde esa perspectiva, la reforma penitenciaria aparece también como una política directamente vinculada con la prevención de la violencia y el crimen organizado.
Instituciones centradas en las personas
Desde su experiencia al frente del INISA, Jaime Saavedra puso el énfasis en la necesidad de transformar las instituciones encargadas de trabajar con poblaciones atravesadas por situaciones de fuerte exclusión.
“Tenemos que tener agencias modernas, eficientes, sinceras, adaptables a los cambios. Y que estén centradas en las personas”, señaló.
Saavedra planteó que el desafío no pasa exclusivamente por disponer de mayores recursos, sino también por mejorar la capacidad de las instituciones para utilizarlos y responder a las necesidades concretas de cada persona.
En ese sentido, defendió un abordaje individualizado: conocer las historias, los vínculos familiares, la formación y las posibilidades de cada adolescente para construir trayectorias que permitan una inserción diferente una vez fuera del sistema.
Para Saavedra, el desafío es también educativo y de inclusión, y requiere instituciones capaces de modificar estructuras burocráticas que muchas veces dificultan los procesos de transformación.
Adicciones, actividades y acompañamiento
Andrés Supervielle, presidente de la Fundación Quebracho, aportó la perspectiva de la sociedad civil y la experiencia de una organización que trabaja dentro de establecimientos penitenciarios.
Supervielle destacó la importancia de que el Estado genere espacios para que organizaciones sociales y actores privados puedan complementar las políticas públicas y relató la evolución del trabajo de Quebracho, que comenzó utilizando el deporte —particularmente el boxeo— como herramienta de acercamiento y luego incorporó talleres, habilidades, oficios y acompañamiento.
Uno de los problemas centrales que identificó fue el consumo problemático de drogas.
“El hecho de encerrar gente presa, adicta y no tratar la adicción es un disparate”, afirmó.
También puso el foco en lo que ocurre durante el tiempo de reclusión. La ausencia de actividades, responsabilidades y hábitos, sostuvo, dificulta todavía más el proceso posterior de reinserción.
Desde su experiencia, destacó además la importancia del acompañamiento personalizado y del vínculo uno a uno para trabajar con personas que llegan al sistema con trayectorias de vida muy diferentes y, muchas veces, atravesadas por situaciones de fuerte vulnerabilidad.
Reformar no es solamente construir cárceles
Juan Miguel Petit planteó una mirada más amplia sobre el propio concepto de reforma penitenciaria.
Para Petit, reformar supone asumir que la privación de libertad debe ser una medida de última instancia y desarrollar permanentemente alternativas que permitan que las personas vuelvan a vivir en comunidad.
“La reforma penitenciaria no es un momento, no es un decreto, no es una ley”, señaló al describirla como un proceso permanente de transformación.
Petit advirtió además que existe un “estado inconstitucional de cosas” en el sistema penitenciario de adultos y señaló carencias edilicias, de infraestructura, logística, tecnología y recursos que, a su juicio, están fuera de los estándares esperables para Uruguay.
El desafío, planteó, no consiste únicamente en mejorar las condiciones materiales, sino también en revisar el modelo de intervención y ampliar la participación de organizaciones sociales, profesionales, académicas y otras instituciones capaces de desarrollar programas dentro del sistema.
En ese sentido, defendió la diversidad de abordajes: no existe una única respuesta para problemas como las adicciones, la violencia o la reconstrucción de los vínculos familiares.
Menos reincidencia como objetivo
Al cerrar la primera ronda de intervenciones, Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, planteó que las medidas urgentes deben formar parte de una estrategia de mediano y largo plazo.
Juanche advirtió que Uruguay lleva décadas discutiendo la reforma penitenciaria mientras persisten y se profundizan problemas estructurales. Entre ellos destacó el crecimiento sostenido de la población privada de libertad y la necesidad de revisar la política criminal y los niveles de encarcelamiento.
Según señaló, de mantenerse la tendencia actual, Uruguay terminaría el período de gobierno con aproximadamente 20.000 personas privadas de libertad, unas 3.500 más que al momento del encuentro.
A esto sumó otro dato: 7 de cada 10 personas encarceladas retornan al sistema penitenciario dentro de los tres años y 3 de cada 10 lo hacen antes de cumplir un año.
Frente a ese escenario, Juanche sostuvo que Uruguay necesita revisar tanto sus niveles de encarcelamiento como el objetivo que orienta al sistema.
“La meta inspiradora no puede ser la incapacitación temporal, no puede ser el castigo; por supuesto tiene que ser la reinserción y la reducción de la reincidencia delictiva”, afirmó.
También planteó la necesidad de fortalecer las medidas alternativas a la prisión, mejorar la oferta de programas, profesionalizar los recursos humanos y avanzar hacia una institucionalidad más adecuada para el sistema penitenciario.
En ese marco, destacó la importancia de la articulación con otras políticas públicas. Salud, educación, formación profesional, trabajo y atención al consumo problemático de drogas deben formar parte de una estrategia que, sostuvo, requiere la participación de múltiples organismos del Estado y también de la sociedad civil.
Una reforma que trascienda los períodos de gobierno
El intercambio mostró diferentes perspectivas sobre las herramientas necesarias, pero también una coincidencia de fondo: la situación penitenciaria no puede abordarse de manera aislada ni limitarse a administrar el crecimiento de la población privada de libertad.
Seguridad, rehabilitación, educación, salud, trabajo, tratamiento de adicciones, infraestructura, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil forman parte de un problema que exige una mirada sistémica.
La reforma penitenciaria aparece así no solamente como una discusión sobre las cárceles, sino como una pieza central del debate sobre la violencia, la reincidencia y la inclusión.
El encuentro forma parte de las actividades de Rumbos orientadas a promover una discusión plural y especializada sobre las reformas estructurales pendientes del Uruguay.
